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Transparencia en Boquete: cuando pedir información pública se convierte en un proceso más complejo de lo esperado

  • Foto del escritor: Equipo de Redacción de BSC
    Equipo de Redacción de BSC
  • 19 mar
  • 5 Min. de lectura

Durante las últimas semanas, desde Boquete Se Cuida hemos intentado obtener información básica sobre la gestión financiera, el presupuesto municipal y el estado de las obras públicas del distrito de Boquete, específicamente aquellas que son propuestas, gestionadas o ejecutadas por el municipio con recursos provenientes de los ingresos municipales y los fondos de descentralización.

La solicitud es simple: conocer cómo se están administrando los recursos públicos del distrito.

Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio normal de transparencia se fue tornando más complejo de lo esperado: se recibieron respuestas que, a nuestro criterio, no abordaban directamente las preguntas planteadas y, finalmente, se canceló la reunión que se había propuesto para tratar el tema.


Una cadena de comunicaciones que explica el proceso

En varias comunicaciones dirigidas al Municipio de Boquete solicitamos información que, en cualquier administración pública moderna, debería encontrarse publicada y accesible para la ciudadanía.

Entre otros temas, solicitamos información sobre:

·         informes de gestión financiera de la actual administración

·         ejecución del presupuesto municipal

·         estado de las obras y proyectos que se están ejecutando con recursos del municipio y bajo la administración municipal

·         uso de fondos provenientes del programa de descentralización

Inicialmente se propuso realizar una reunión para revisar estos temas.

Sin embargo, luego de aproximadamente un mes de espera, la reunión fue cancelada la tarde anterior a la fecha acordada, y hasta el momento no se ha definido un nuevo espacio para atender las preguntas planteadas.

A lo largo de la cadena de comunicaciones también se puede observar que, en varias ocasiones, la conversación se desvió hacia temas que no respondían directamente a la solicitud de información.

En ese contexto, y como parte de las distintas gestiones realizadas para avanzar en la obtención de la información, sostuvimos una reunión en la Asamblea Nacional en la que expusimos esta situación, detallando la dificultad para acceder a información pública a nivel local, y solicitamos que la gestión de solicitud de información pudiera canalizarse también a través de la Asamblea como un mecanismo adicional para reforzar la solicitud.

A pesar de estas gestiones, la situación, hasta donde hemos podido verificar, se mantiene sin cambios.

La pregunta central, sin embargo, se mantiene:

¿Cómo se están administrando los recursos públicos del distrito de Boquete?


Transparencia no es opcional

El acceso a la información pública no es discrecional. Es un derecho ciudadano.

El Artículo 43 de la Constitución Política de Panamá establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de acceso público de las autoridades del Estado.

Este derecho también está respaldado por la Ley 6 de 2002 sobre transparencia en la gestión pública, que establece que la información relacionada con el manejo de fondos públicos debe estar disponible para la ciudadanía.

La misma ley establece el principio de máxima divulgación, lo que implica que la información pública debe ser accesible y difundida activamente por las instituciones del Estado.

En términos prácticos, esto significa que información sobre presupuestos municipales, ejecución de fondos públicos y estado de obras debería encontrarse disponible sin necesidad de solicitudes reiteradas.

En una democracia, los funcionarios públicos administran recursos que pertenecen a la ciudadanía. Por tanto, la rendición de cuentas forma parte esencial de la gestión pública.


Cuando la información no se obtiene por la vía directa

Después de múltiples intentos de obtener esta información por canales directos, se presentó una solicitud formal de acceso a información pública a través de la plataforma de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

La solicitud incluye información específica sobre:

·         informes de gestión financiera de la actual administración

·         ejecución del presupuesto municipal

·         proyectos y obras ejecutados con recursos municipales

·         uso de fondos provenientes del programa de descentralización

La normativa establece que las instituciones públicas deben responder este tipo de solicitudes dentro de un plazo máximo de 30 días.

En caso de no obtener respuesta dentro de ese periodo, el marco legal panameño contempla mecanismos adicionales, como el recurso de Hábeas Data, para garantizar el acceso a la información pública.

 

Aclaración sobre las obras en el distrito

Es importante hacer una distinción que con frecuencia genera confusión.

Las obras que actualmente se observan en el distrito —como los trabajos de mitigación en el río Caldera y sus afluentes, la construcción de nuevos puentes, nuevas carreteras o el manejo de las aguas provenientes de El Salto— no están siendo ejecutadas ni gestionadas por el municipio con fondos municipales o de descentralización.

Estas obras corresponden al gobierno central, principalmente a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Entender esta diferencia es fundamental para evaluar correctamente la gestión municipal. Precisamente por ello, la información solicitada cobra relevancia, ya que permite identificar cuáles son las obras y acciones que sí están siendo ejecutadas por el municipio con los recursos que administra.

A la fecha, esa información no ha sido presentada, hasta el momento, de una forma que permita una comprensión clara y verificable.


Rendición de cuentas e información verificable

La rendición de cuentas en la gestión pública requiere información clara, documentada y verificable.

Los canales de comunicación como redes sociales, videos o espacios informativos pueden complementar la gestión institucional, pero no sustituyen los informes formales ni la información estructurada que debe estar disponible para la ciudadanía.

Cuando se trata del uso de recursos públicos, el acceso a datos verificables no es opcional, sino parte esencial de la transparencia.


El derecho a preguntar

En una democracia, solicitar información sobre presupuestos, obras y ejecución de fondos públicos forma parte del ejercicio ciudadano.

Las autoridades locales son electas para administrar el distrito y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

Por ello, acceder a esta información debería ser un proceso claro y directo.

El objetivo de este esfuerzo no es otro que contar con información precisa que permita a la ciudadanía comprender cómo se están gestionando los recursos del distrito de Boquete.


Nota aclaratoria final:

Para efectos de transparencia, dejamos constancia de que la información disponible en la plataforma de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) para el Municipio de Boquete puede ser consultada públicamente en el siguiente enlace:

Si bien reconocemos que recientemente se ha incorporado información en dicha plataforma, nuestra apreciación —basada en una revisión detallada— es que la misma resulta incompleta o presentada de forma que no permite a un ciudadano común entender con claridad aspectos fundamentales como: los ingresos municipales, el uso de fondos de descentralización, los proyectos aprobados, los presupuestos asignados y el estado real (físico y financiero) de las obras.

Nuestro señalamiento no implica afirmar que no exista información, sino que la disponible no permite un análisis claro, integral y verificable del uso de los recursos públicos.

En caso de que nuestra interpretación no sea correcta y la información publicada sí permita este nivel de comprensión, reiteramos nuestra total disposición a revisarla en conjunto mediante una reunión o por cualquier medio que las autoridades consideren oportuno, con el fin de aclarar estas dudas de manera objetiva.

El propósito de este artículo es exclusivamente promover el acceso claro y comprensible a la información pública, como corresponde al ejercicio del derecho ciudadano sobre el uso de los recursos que pertenecen a todos.

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